13 de novembre de 2012

Varias asociaciones del ámbito de la Justicia han apoyado explícitamente la convocatoria de huelga general



Varias asociaciones del ámbito de la Justicia han apoyado explícitamente la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos para el próximo miércoles 14 de noviembre en un acto celebrado este lunes en un restaurante en el restaurante Nostromo en Barcelona, del barrio Gòtic barcelonés.

Han apoyado esta convocatoria de huelga el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej), la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Plataforma ciudadana por una justicia de todos, la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, la Asociación de Mujeres Juristas, asociación catalana de Iuslaboralistas, asociación catalana de mujeres juristas demócratas, jueces para la democracia, Unión Progresista de inspectores de trabajo, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, así como los gabinetes jurídicos de UGT y CC.OO.

Joan Carles Gallego, Secretario General de CCOO, ha insistido en la necesidad de esta convocatoria ante políticas que, en su opinión, incrementan la pobreza y las desigualdades sociales. Estamos viviendo violaciones sistemáticas de los principios de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, dejando sin efecto, de manera unilateral por los empresarios pactos sindicales que nacieron de la negociación colectiva. Las reformas laborales y del estatuto básico del empleado público, permiten que las empresas, con poca justificación, y las administraciones públicas, por razones sobrevenidas, modifiquen lo pactado. Se reduce las prestaciones por desempleo, se recorta la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la política de desahucios y a la vez se rescata a las entidades financieras… son medidas que minan de manera directa al estado social. También se vulnera los principios constitucionales de igualdad y de justicia, el gobierno del partido popular, pretende imponer tasas para interponer pleitos o recursos, quieren llevar a termino reformas antisociales del Código penal, criminalizando a los preceptores de prestaciones sociales, siendo muy benévolos con las conductas de fraude fiscal.


















En definitiva esta huelga es para que no nos quiten el futuro, hay culpables hay soluciones

El secretario general de UGT en Catalunya, Josep Maria Álvarez, ha agradecido durante el acto que se visualice el apoyo de la Justicia a esta convocatoria de huelga general, manifestando que esta huelga sobran los motivos, deterioro de la enseñanza, recortes en las prestaciones de desempleo, repago farmacéutico, ventajas a las grandes empresas.

Andrés Pérez, portavoz de la asociación catalana de juristas Demócratas, manifestó que en democracia, no recuerda un momento con tantos motivos para convocar y realizar la huelga general, adhiriéndose a lo manifestado por los dos secretarios generales.

Merçe Claramunt, portavoz de la asociación mujeres jurista, estando de acuerdo con los demás participantes, quiere manifestar como jurista y feminista que las mujeres con todas estas medidas están mucho más afectadas

José Antonio Fernández, portavoz de jueces por la democracia, comento que más allá de las consecuencias sociales de la política de recortes, emprendidas tanto por el gobierno del PP y el de la Generalitat CIU, sobran motivos para realizar la huelga y sobre todo hay unos motivos suficientes en el ámbito judicial.

Rafa Lafuente, portavoz del sindicato de secretarios judiciales, esta huelga es para la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho. Las medidas que se están tomando, afectan al servicio público de justicia, como la próxima Ley de tasas judiciales y la inminente reforma del código Penal. Recalco que en Catalunya la ciudadanía sufrirá el doble, por las tasas del Estado y las que ya aprobó en su día CIU .

José Manuel Beiro , portavoz de la Plataforma Ciudadana justicia para todos, centró su intervención en la actividad de la Plataforma, cómo surgió el pasado 14 de abril, y cómo se va consolidando como un medio idóneo para conectar a la ciudadanía con la justicia., explico la campaña que centra en estos momentos la actuación pública de la plataforma: el proyecto de ley de tasas judiciales elaborado por el actual ejecutivo, y que ahora se tramita en el Congreso, como no podría ser de otro modo, la plataforma llama a la huelga general del día 14

Por último el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, reafirmó su pleno apoyo a la plataforma ciudadana por una justicia de tod@s, a la que definió como “una de las grandes iniciativas cívicas que pueden desarrollarse actualmente, Villarejo ha apostado por coordinarse en el ámbito judicial para llevar ante los tribunales a 'los culpables' de la crisis económica --a los que señalan de una manera genérica los sindicatos en sus lemas de la convocatoria de esta huelga general.

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo ante la huelga general del 14 de noviembre

1. Los efectos de la crisis en nuestro país están siendo devastadores. No sólo el desempleo alcanza niveles insoportables, sino que el retroceso en las condiciones de vida de los ciudadanos amenaza con situarnos varias décadas atrás, cuando España contaba con los peores indicadores sociales del conjunto de nuestros socios de la UE.

2. Este brutal retroceso no se relaciona con el origen y las causas de la crisis, sino más bien con las políticas que se han venido adoptando para hacerle frente. La llamada “austeridad” no es sino la renuncia al papel regulador y redistribuidor del Estado, poniéndolo al servicio de los intereses privados. Supone el abandono del carácter social del Estado que nuestra Constitución consagra y cuyo desarrollo, con todas sus limitaciones, ha permitido avances económicos y sociales durante treinta años. Y ello cuando el origen de la crisis está precisamente en la renuncia por parte de los poderes públicos a regular y controlar las actividades financieras, que acabaron desbordando todos los límites de la especulación, estallando y arrastrando a toda la economía.

3. La inmensa mayoría de los ciudadanos no hemos “vivido por encima de nuestras posibilidades” como proclaman con insistencia quienes tienen como único objetivo justificar la brutal transferencia de renta que se está produciendo en beneficio de los más poderosos. Muy al contrario: algunos, unos pocos, pero con mucho poder económico, hicieron locos negocios especulativos por encima de sus posibilidades y de las nuestras. Las tremendas pérdidas de esos negocios están siendo sufragadas ahora por el conjunto de los ciudadanos, directamente en su empleo, en la disminución de su salario o en la precarización de sus condiciones de trabajo, pero también indirectamente con el desmantelamiento del ya limitado sistema de prestaciones sociales. Esos poderosos de aquí y de fuera de aquí no renuncian a recuperar hasta el último céntimo de lo que invirtieron y de los beneficios que esperaban, aunque sea a costa de la depauperación de todo un país.

4. Cuando se nos dice que no hay dinero para todo, que los sacrificios hay que repartirlos y que seremos recompensados en el futuro por nuestros esfuerzos de ahora, se nos pretende engañar clamorosamente. No hay dinero para los servicios públicos, pero sí para tapar los enormes agujeros de los bancos (malos y menos malos), de las autopistas privadas o de las eléctricas. Se nos oculta que la desigualdad ha crecido en España más que en ningún otro país de la UE, que el peso de los salarios en la renta nacional pierde peso un año tras otro frente a las rentas del capital. Cualquier cosa antes que una real distribución de los esfuerzos, todo menos exigir más a quien más puede. Y el resultado está a la vista: ni la economía se recupera ni desciende el desempleo, sino todo lo contrario.

5. Se ha repetido hasta la saciedad que el problema económico de España no es fundamentalmente la deuda pública. No sólo no es superior a la media de la UE ni a la de los países más importantes de nuestro entorno, sino que el verdadero problema es la deuda privada, fundamentalmente de las empresas, y dentro de ellas, sobre todo la de las grandes empresas y en especial la de los bancos. Ahí reside precisamente la clave de la posible insolvencia de nuestra economía. La solución hasta ahora ha sido colocar al Estado como garante de la deuda privada de las empresas: en eso consiste precisamente el famoso “rescate” bancario o el más amplio que parece que se avecina. Y de ahí las oscilaciones de la prima de riesgo, que no tienen que ver con el déficit público sino, como estamos viendo en estos meses, con los avatares del rescate al sector financiero.

6. Las políticas intensivas de austeridad no dan como resultado el relanzamiento de la economía y del empleo. Tras varios años de insistencia en ellas, el resultado es la recesión. Hoy todo el mundo lo admite y, sin embargo, se insiste en ellas. Como tampoco la desregulación de las relaciones de trabajo conduce a una mejora en la cantidad de empleo disponible, y se sigue también insistiendo. Hoy todo el mundo, salvo los más doctrinarios neoconservadores, admite que la raíz del problema está en otro lugar: en la falta de estímulos públicos y en la ausencia de crédito a disposición de las empresas y de las familias.

7. Sin embargo, se persevera porque es sabido que el desempleo no sólo paraliza, sino que se convierte en coartada para la destrucción del Estado redistribuidor, para el descenso de los salarios, para la entrega de los servicios públicos a la voracidad de los que sólo saben hacer negocios seguros a costa del Estado y para quienes la crisis es verdaderamente “una oportunidad”: el Estado está de saldo. Ya tenemos dicho que la degradación de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, atención a la dependencia) no sólo persigue ahorrar para poder financiar a los que nos han conducido a la crisis, sino también justificar su privatización, ya sea mediante la entrega al sector privado de la gestión directa del servicio público (otro negocio sin riesgo), ya empujando a muchos ciudadanos a recurrir directamente al sector privado.

8. Hemos repetido también que estas políticas no sólo son injustas por el desequilibrio de los esfuerzos que se exigen a los ciudadanos, sino que también son inútiles en relación con el objetivo que, en teoría, se proponen: el desempleo crece, la inmensa mayoría de la sociedad se empobrece, aumenta la inseguridad y las condiciones de vida y de trabajo son cada vez más precarias. Nos conducen a gran velocidad a la destrucción de nuestro tejido productivo, de nuestra capacidad de innovación y, sobre todo, nos están empobreciendo inútilmente. Lo saben y, sin embargo, insisten. Porque están realmente dando sus frutos para quienes las diseñan: se producen cambios cada vez más irreversibles en nuestro sistema de relaciones sociales y económicas, pues lo que se pretende hacer desaparecer es el modelo hasta ahora vigente en Europa. A estas alturas, pocos pueden pensar que lo que retrocedemos en tan poco tiempo pueda ser recuperado en un futuro razonable, o probablemente nunca.

9. Es natural que se responda ante esta situación. Porque estas políticas no se aplican sólo en España. Son las impulsadas por los responsables de la UE, entre los que se hallan los más ultra conservadores en el terreno social y económico, es decir, quienes están decididos a acabar con el modelo europeo de relaciones sociales. Cierto es que en España quienes las aplican están en perfecta sintonía e incluso se precian de ser alumnos aventajados en el conservadurismo; cierto es también que pretenden ir más allá en el adelgazamiento de un Estado ya escuálido que no llegó nunca a poder compararse con el de los países del entorno; cierto es finalmente que también nuestros gobernantes forman parte de los órganos de decisión de la UE y son por tanto corresponsables de sus decisiones. Pero también es cierto que en estos momentos el ámbito de las decisiones escapa cada vez más a los Estados y que no todos ellos ejercen el mismo poder de decisión en la práctica. Y, sobre todo, porque es posible otra orientación en las políticas económicas y sociales, porque las instituciones comunitarias y los gobiernos pueden y deben tomar medidas que impulsen el crecimiento, que ayuden a los países con mayores dificultades a su reactivación y que eviten la repetición de las causas que están en la raíz de la crisis actual, recuperando los controles políticos sobre el poder financiero, poniendo coto a las transacciones especulativas y haciendo frente a sus responsabilidades con los ciudadanos.

10. Por ello es pertinente, a nuestro juicio, la reciente convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos, que pretende poner de manifiesto que es posible otra política; que los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos europeos son comunes; que no se trata de una batalla de un país contra otro; que no se trata de levantar sino de eliminar fronteras entre los trabajadores; que las políticas impuestas en todos los países son comunes y que esas políticas ponen en grave riesgo nuestro modelo de convivencia en toda Europa; que, por tanto, es común el objetivo de conseguir que cambien. En España, los sindicatos de clase han coincidido en convocar una huelga general el día 14 de noviembre reclamando un cambio de orientación en las políticas económicas y sociales.

11. Nuevas razones se añaden en estos días para abundar en la necesidad de una respuesta. La masiva pérdida de empleo en el sector público (que por primera vez en el tercer trimestre del año ha superado a la pérdida en el sector privado) no ha hecho más que empezar. La irrupción de la barra libre de los ERE en las administraciones públicas anuncia, no sólo nuevas y masivas pérdidas de empleo, sino un más grave deterioro de los servicios a los ciudadanos y la puesta a punto de empresas públicas para su privatización a precios de saldo. Se anuncia la supresión de las jubilaciones parciales con contrato de relevo, en el marco de una nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. La perspectiva de una drástica reducción de las prestaciones por desempleo es inmediata. Y los brotes verdes que algunos vislumbran no son sino una nueva oleada de transformación de empleo asalariado en trabajo autónomo aún más precario, en su mayoría lo que conocemos como “falsos autónomos”. En el terreno de las relaciones laborales asistimos a la más grave ruptura de todos los equilibrios, de todos los contrapesos que nuestra sociedad había ido construyendo en estas últimas décadas. Como consecuencia, cada vez queda más desdibujado el papel de control público de legalidad en las relaciones de trabajo y, con ello, de la función pública inspectora.

12. Por todas estas razones, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, igual que lo ha venido haciendo en otras ocasiones, ha tomado la resolución de apoyar la huelga general convocada, cuyos objetivos compartimos.

SECRETARIADO PERMANENTE DE UPIT

Madrid, 5 de Noviembre de 2012

12 de novembre de 2012

L'Associació Catalana de Iuslaboralistes s'ha adherit al Manifest de Juristes en favor de la Vaga General del proper 14 de novembre


L'Associació Catalana de Iuslaboralistes s'ha adherit al Manifest de Juristes en favor de la Vaga General del proper 14 de novembre.

L’ACI és una associació de professionals del dret del treball constituïda sense ánim de lucre i que te per finalitat la promoció de l’estudi del dret del treball i de les disciplines connexes. Pren com a referència ideològica la clàusula d’Estat Social del preàmbul de la Constitució i en els seus estatuts consta el compromís en la defensa del benestar social, l’extensió dels drets socials individuals i col·lectius i el proposit de superació de les desigualtats econòmiques i socials. Per a la consecució dels seus fins, l’ACI col·labora amb altres asociacions, amb les universitats catalanes i amb professionals relacionats amb el dret del treball. Convoca i participa regularment en debats, congressos, conferències i sessions d’estudi i ajuda a la publicació i difusió d’estudis sobre la materia. Anualment l’ACI organitza les Jornades Catalanes de Dret Social amb col·laboració amb les distintes universitats catalanes i convoca els premis Francesc Layret i Albert Fina destinats a premiar treballs de joves investigadors del dret social.

6 de novembre de 2012

L'Associació de Dones Juristes dona suport a la vaga del dia 14N

L'Associació de Dones Juristes dona suport a la vaga del dia 14N


L’associació Dones Juristes va constituir-se a Barcelona l’any 1989, i té com a objectius seguir la legislació i jurisprudència que afecti les dones, treballar per aconseguir una igualtat de drets i obligacions entre les dones i els homes en tots els camps de la societat, promoure la col·laboració entre totes les dones juristes per aconseguir una societat més fraternal i solidària, prestar assistència i serveis jurídics a les dones, etc.

5 de novembre de 2012

Concentració de la Plataforma ciutadana per una Justícia de tots



Cent cinquanta persones, entre advocats/des i secretaris/àries judicials, s'han concentrat avui dimecres, 31 d'octubre, a les 12'00h, a Barcelona, en el Jutjat de Lo Social (Ronda de Sant Pere, 41, Barcelona), convocats per la Plataforma Ciutadana per una Justícia de Tots. Aquestes concentracions s'han realitzat en les seus judicials de l'Estat espanyol.

Aquesta convocatòria s'ha realitzat per a posar de manifest públicament el rebuig i disconformitat amb el contingut del Projecte de Llei de Taxes Judicials i advertir, a l'opinió publica, de la vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Es denúncia al Govern espanyol per accelerar el procés parlamentari, imposant la tramitació d'urgència en el Parlament. Una Llei que atempta greument contra la ciutadania mai hauria d'haver-se tramitat per tràmit d'urgència.

S'impugna la implantació de taxes, fonamentalment perquè:

1- Limitaran i impediran l'accés a la majoria de la població a la justícia, amb l'únic objectiu de restringir l'ús del servei públic de la justícia

2- Les taxes tenen caràcter general i no excepcional, amb l'única excepció a la jurisdicció de lo penal, quedant exemptes aquelles persones que puguin acreditar ingressos inferiors a 1.100,00 € per unitat familiar

3- Es vulneren els principis constitucionals d'igualtat i de justícia, reconeguts en l'Art. 24. de la Constitució

4- A Catalunya CiU ja va aprovar taxes judicials i l'avantprojecte no les exclou, pel que en la nostra comunitat injustament estarem més penalitzats.

L'administració de Justícia necessita reformes que proporcionin qualitat i agilitat al sistema. 
La lògica d'un servei públic essencial requereix modernitzar la infraestructura judicial i adequar les plantilles a les necessitats de la població, a pesar de la situació econòmica, i no culpabilitzar a la ciutadania per la situació en què es troba el país, aplicant taxes judicials.

31 d’octubre de 2012

Vaga general, el 14 de novembre


En defensa dels drets laborals i socials i de l’estat social, la justícia i la igualtat



La Constitució proclama un estat social i democràtic de dret i propugna com a valors superiors la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

Des que va començar la crisi econòmica, l’acció dels governs de l’Estat espanyol, de la Generalitat i de les institucions europees no ha cessat d’atacar els pilars constitucionals de l’estat social, amb un seguit de mesures que no han fet sinó augmentar la situació d’empobriment de moltes persones i famílies en benefici del poder econòmic.

Les reformes laborals i de la funció pública, la modificació de la normativa de les prestacions i la protecció social i de garantia salarial, el rescat a les entitats financeres, la disminució del pressupost per a la sanitat, per a l’educació i per als ajuts socials, el règim de desnonaments… són mesures que minen de manera directa per la via legislativa i/o pseudolegislativa l’estat social que entre tots hem anat construint, amb molts esforços i sacrificis des de la promulgació de la Constitució i durant el posterior període democràtic.

Estem vivint violacions sistemàtiques dels principis de llibertat sindical i del dret de negociació col·lectiva. Es deixen sense efecte, o són modificats de manera unilateral pels empresaris, pactes sindicals que han nascut de la negociació col·lectiva. Les reformes laborals i de l’Estatut bàsic de l’empleat públic permeten que l’empresa, amb poca justificació, i les administracions públiques, per raons sobrevingudes, modifiquin el que ja s’havia pactat. La utilització de la llei formal i, a vegades, la mera potestat reglamentària per alterar tot el nostre sistema jurídic està posant en evidència que la nostra Constitució s’està convertint en una constitució formal, els drets fonamentals de la qual van a càrrec d’aquesta realitat legislativa ordinària, que canvia dia a dia. La CE ja no modula la legalitat ordinària, sinó a la inversa.

També es vulneren els principis constitucionals d’igualtat i de justícia quan l’actual Govern espanyol pretén imposar taxes a l’hora d’interposar plets o recursos, i vol dur a terme reformes antisocials del Codi penal (la criminalització dels perceptors de prestacions socials, l’establiment de la cadena perpètua de facto per a determinats delictes, el tractament benèvol de les conductes de frau fiscal, etc.).

La igualtat davant la justícia també és atacada quan es pretén que el ciutadà pagui taxes (diguem-ne taxa o diguem-ne preu) per acudir als tribunals o per accedir als recursos judicials. A l’anterior, s’hi uneix el criteri de pagament del cost del judici en cas de perdre’l, la qual cosa suposa un determinat model d’impartir  justícia per a qui pugui pagar-la, com està succeint a la resta de serveis públics. En definitiva, s’ignora la condició de servei públic de la justícia i es pretén que deixi de ser un dret tutelat de forma efectiva, posant obstacles a qui no se la pugui pagar.

S’ha deixat la ciutadania sense feina (l’atur no fa més que augmentar), i s’ha abandonat la majoria de la població a la sort i a la cruesa dels mercats, i, cada cop, té menys credibilitat l’excusa de l’ocupabilitat a qualsevol preu com a justificació de les constants retallades i reformes laborals. La institucionalització de l’empresa com el màxim bé individual i col·lectiu, fent-la destinatària de tots els beneficis de la reforma laboral, està conduint a una instrumentalització de la persona com a mera eina de treball d’un sol ús i amb una subordinació a l’empresa impossible de justificar sota valors de dignitat personal.

L’educació i la sanitat públiques es volen convertir en simples prestacions de subsistència. Els pressupostos s’elaboren en funció del deute amb una manera de procedir absolutament hipòcrita: la finalitat (ajudar la banca) justifica els mitjans (empobrir la població i despullar-la de drets fonamentals).

En definitiva, es deixen de banda les premisses de l’estat social: les classes dirigents no tenen cap voluntat de repartir la seva riquesa ni els seus recursos per aconseguir un món més just. De fet, la crisi s’està utilitzant per canviar el nostre model d’estat social per un estat neoliberal en la seva essència més pura, el que comporta canviar tot el sistema de relacions laborals cap al sempitern tema de l’autonomia individual i la igualtat entre les parts, el que no deixa de ser una gran farsa jurídica.

S’insulta la nostra intel·ligència quan se’ns diu que s’abarateixen les indemnitzacions per acomiadament per crear ocupació, que es rebaixen les prestacions d’atur per incentivar la recerca de feina, quan es limiten les cobertures socials en temps de necessitats com els actuals i se’ns diu que “ens fotem”, quan ens intenten fer creure que els pressupostos generals del 2013 són els més socials de la història de la democràcia, etc. Els governants actuals, ja siguin de l’Estat, de la Generalitat o de les institucions europees, governen al marge dels programes per als quals van ser escollits i en contra dels interessos de la majoria ciutadana que els va elegir.

Tenim l’obligació moral de defensar els nostres drets i cal que els exercim amb força; drets que es van aconseguir amb una perllongada lluita del moviment obrer. Hem de tornar a lluitar per defensar aquests drets fonamentals abans no es quedin despullats per la via dels fets.

Un d’aquests drets fonamentals és el dret de vaga. El 14 de novembre hi ha una convocatòria de vaga general feta pels sindicats, que té el suport de nombroses entitats i plataformes ciutadanes i també dels sotasignats, els quals volem fer una crida a la ciutadania perquè secundi aquesta jornada i participi en les manifestacions convocades per a aquest dia.